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8.3: Garantías de Debido Proceso

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    Historia

    La Carta de Derechos se enumeran como la primera diez enmienda a la Constitución de Estados Unidos ratificada el 15 de diciembre de 1791 como promesa a aquellos partidarios de la ratificación original de la Constitución de Estados Unidos en 1787 (Hall, 2012). El advenimiento de la Decimocuarta Enmienda en 1868 a la Constitución giró en torno al debido proceso y la igualdad de protección. La Quinta Enmienda contiene una especie de cláusula de debido proceso en el sentido de que establece “Ninguna persona...; en comparación con la Decimocuarta Enmienda establece que “Ningún Estado... privará a otro de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso (Apéndices A-Reformas Constitucionales). Específicamente las leyes y procedimientos que alguna vez pertenecían únicamente al Gobierno Federal estaban ahora adscritos al proceso estatal.

    Decimocuarta Enmienda

    La Decimocuarta Enmienda fue ratificada en 1868 como parte de la Era de la Reconstrucción otorgando la “Protección Igualitaria” de las leyes estatales a su gente (Hall, 2012). A través de la interpretación de los Tribunales de la Decimocuarta Enmienda ha aplicado por igual las diez primeras modificaciones a todos los estados que en un momento se reservaron principalmente para el gobierno federal. Esto ha tenido implicaciones del debido proceso para los internos de las instituciones correccionales estatales así como para los acusados aún no procesados como aseveró Hall (2012) “Cada vez que surja un tema de equidad, se debe examinar el debido proceso... Si el tema se refiere a una de clasificaciones inadecuadas, la ley de igualdad de protección debería ser considerado” (p.284). Los casos que tratan de religión, correo interno, búsqueda e incautación y disciplina son los seleccionados para esta discusión en relación con las Políticas PA DOCS 203 Búsquedas de Reclusos y Celulares; 803 Correo de Reclusos y Publicaciones Entrantes; 819 Política de Actividades Religiosas; y 009 Noticias Relaciones con Medios (DOCS Políticas Publicaciones. www.cor.state.pa.us/).

    En revisión de las políticas de DOCS, muchos contienen referencias a la Asociación Correccional Americana (ACA) y si no se declaran directamente, han incrustado en esas políticas partes del Código de Ética de la ACA. El Departamento de Correcciones de Pensilvania es un sistema acreditado por la ACA. Las políticas revisadas y discutidas en este documento parecen satisfacer el interés de los estados de seguridad y el interés del recluso en la privacidad, la censura y las búsquedas.

    Por último, aseverados por los tribunales relativos al preso y sus derechos que sostienen en Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539, 555-56, 94 S.Ct. 2963, 2974-75 (1974) “No hay cortina de hierro entre la Constitución y las cárceles de este país” (Branham & Hamden, 1997, p. 460). Los tribunales han concluido que los derechos se derivan de la Constitución de los Estados Unidos, las constituciones estatales, los estatutos estatales y las regulaciones; sin embargo, el alcance de esos derechos puede ser protegido o modificado por los tribunales y los funcionarios penitenciarios (Branham & Hamden, 1997).

    Primera Enmienda

    La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la libertad de religión y la libertad de expresión de la injerencia gubernamental así como del tema de la censura (Apéndices A- Enmiendas Constitucionales). La Corte ha concluido en U.S. v. O'Brien, 391 U.S. 367 (1968) “Una regulación gubernamental está suficientemente justificada si está dentro del poder constitucional del gobierno; si favorece un interés gubernamental importante o sustancial: si el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libertad expresión; y si la restricción incidental a las presuntas libertades de la Primera Enmienda no es mayor de lo esencial para el fomento de ese interés” (Branham & Hamden, 1997, p.476-477).

    Esto se ilustra más adelante en Turner v. Safley, 462 U.S. 78 (1987) “Cuando una regulación penitenciaria incide en los derechos constitucionales de los reclusos, la regulación es válida si está razonablemente relacionada con intereses penológicos legítimos. En nuestra opinión, tal norma es necesaria si 'administradores de prisiones... y no los tribunales [están] para hacer los juicios difíciles relativos a las operaciones institucionales” (Branham & Hamden, 1997, p.487). El tribunal brindó los siguientes
    cuatro temas críticos para la evaluación de la política institucional mediante la prueba de equilibrio:

    • Debe existir una conexión racional válida entre la regulación penitenciaria y el interés legítimo gubernamental que se proponga para justificarlo.
    • Si existen medios alternativos de ejercicio del derecho que permanecen abiertos.
    • ¿Qué impactos tendrá el derecho afirmado en los guardias y otros internos?
    • Debe ser razonable.

    En el caso Beard v. Banks, 548 U.S. 521, 126 S.Ct. 2572, 165 L.ed.2nd 697 (2006) la política DOCS de Pensilvania de restricciones de privilegios a los presos más incorregibles dentro de las unidades especiales de segregación de su sistema penitenciario cumplió con los criterios de evaluación en Turner v. Safley. Adicionalmente, se cuestionaba el debido proceso en cuanto a si a los Bancos se le proporcionaba una vía adecuada para ser escuchada. En ambos casos prevaleció el PA DOCS ya que el tribunal reconoció intereses legítimos gubernamentales en la política y el hecho de que Banks estuvo representado por abogados durante todo el proceso salvaguardó el esquema del debido proceso (Branham & Hamden, 1997).

    En la decisión relacionada de la Primera Enmienda se decide la Libertad de Religión en Cruz v. Beto, 405 U.S. 319 (1972) Reclusos argumentaron que se les negó el alojamiento budista al igual que otras religiones ortodoxas reconocidas. El Tribunal dictaminó que el Estado no tenía que suministrar una nueva capilla o ministros, sino que se limitaba a proporcionar adaptaciones razonables para ejercer la libertad religiosa garantizada por la Primera Enmienda (Branham & Hamden, 1997).

    O'Lone v. Estate of Shabazz 482 U.S. 342 (1987), en este caso la Corte dictaminó que el deseo de asistir a Jumu'ah interfería con la seguridad penitenciaria, y la limitación era constitucional por ese motivo. “Aquí el Tribunal de Distrito resolvió que las regulaciones que supuestamente violaban derechos constitucionales estaban razonablemente relacionadas con objetivos penológicos legítimos” (Branham & Hamden, 1997, p. 524). La Corte Suprema de Estados Unidos estuvo de acuerdo con la Corte de Distrito, y se deduce necesariamente que la normativa en cuestión no ofende la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (Branham & Hamden, 1997).

    Cuarta Enmienda

    La Cuarta Enmienda a la Constitución resguarda contra los registros e incautaciones irrazonables, y requiere una orden judicial sustentada en causa probable (Apéndices A Reformas Constitucionales). En el centro correccional las implicaciones de la Cuarta Enmienda suelen referirse a los registros de celdas e individuos, es decir, cuándo son constitucionales por ley y política penitenciaria para mantener una instalación segura y protegida.

    El interés del gobierno por mantener prisiones seguras prevé la libertad dentro de la provincia estatal para realizar registros de instituciones y internos. Tal fue el caso en Hudson v. Palmer, 468 U.S. 517 (1984) por el que la Corte dictaminó que la Cuarta Enmienda no tiene aplicabilidad a una celda de prisión (Branham & Hamden, 1997). Sostenían además que a los presos no se les garantiza una expectativa razonable de privacidad, pero al mismo tiempo no proporciona libre reinado por parte del Estado para violar los derechos de propiedad de los internos sin repercusiones conferidas a la Cuarta Enmienda. La Octava Enmienda siempre se erige como una protección contra castigos crueles e inusuales y existen recursos estatales adecuados de agravio y de derecho común a disposición del demandado para reparar la supuesta destrucción de sus bienes personales.

    El caso seminal de Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979) el tribunal dictaminó que las búsquedas visuales de la cavidad corporal, los registros de desnudez, a veces frente a otros internos, son constitucionales. El dictamen mayoritario pasa por alto la grosería que se describe en la opinión disidente del juez Marshall. Estas búsquedas son válidas incluso con los detenidos en prisión preventiva. El tribunal, en este caso, dictaminó que las búsquedas corporales no violaban la Cuarta Enmienda. Este caso fue significativo porque destacó el equilibrio entre los derechos de los reclusos y la seguridad penitenciaria y dictaminó que la seguridad penitenciaria puede sustituir a los derechos de los presos

    Octava modificación

    El histórico caso de Mapp v Ohio, 367 U.S. 643 (1960) abrió una sentencia de Pandora Box of Decimocuarta Enmienda que desde entonces ha inundado los tribunales con casos de libertad individual. Los casos que involucraban a internos y a las instituciones penales no fueron ajenos a los tribunales como consecuencia de esta sentencia. Los casos que involucran conducta delictiva interna, audiencias, acceso a servicios legales-Biblioteca; asistencia legal y disciplina son los seleccionados para esta discusión en relación con PA DOCS. Por último, se reafirma la afirmación de los tribunales en relación con el preso y los derechos que sostienen en Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539, 555-56, 94 S.Ct. 2963, 2974-75 (1974) “No hay cortina de hierro entre la Constitución y las cárceles de este país” (Branham & Hamden, 1997, p. 460). Los tribunales han concluido que los derechos se derivan de la Constitución de los Estados Unidos, las constituciones estatales, los estatutos estatales y las regulaciones; sin embargo, el alcance de esos derechos puede ser protegido o modificado por los tribunales y los funcionarios penitenciarios (Branham & Hamden, 1997).

    La Octava Enmienda establece “No se requerirá fianza excesiva, ni multas excesivas impuestas, ni penas crueles e inusuales infligidas. El Supremo de Estados Unidos en Furman V. Georgia, 408 U.S. 238, 92 S.Ct. 2726 (1972) fue el caso seminal que resolvió la pena capital como una violación de la Octava Enmienda en que notoriamente ausentes de la legislación había alguna forma de normas o lineamientos que dirigían la pena más severa (Branham & Hamden , 1997); dentro de los cuatro años siguientes al Furman v. Georgia; Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153, 96 S. Ct. 2909, 49 L. Ed. 2do. 859 (1976) el tribunal estaba decidiendo si la nueva legislación sobre la pena capital cumplía reunión constitucional. En Gregg se planteó ante el tribunal la cuestión de si la legislación violaba las Enmiendas Octava y Decimocuarta. A diferencia de las preocupaciones de que se imponga arbitrariamente o caprichosa la sentencia de muerte en Furman, los tribunales encontraron en Gregg que cuidadosamente redactados estatutos que aseguren que se proporcione a la autoridad sentenciadora información adecuada y orientación no vulnera la Constitución.

    Desde entonces se ha pedido a los tribunales que resuelvan numerosos temas relacionados con la constitucionalidad de las políticas y procedimientos que se ocupan del debido proceso y castigos crueles e inusuales en lo que respecta a las instalaciones correccionales. El Departamento de Correcciones de Pensilvania (DOCS) estableció sus procedimientos que garantizan que la seguridad penitenciaria sustituirá los derechos individuales de los reclusos con base en el caso determinante de Bell v. Wolfish (411 U.S. 520, 1979). El tribunal dictaminó que el derecho constitucional de un recluso puede ser dejado de lado en interés del orden, disciplina y seguridad del penal y justificable, cuando el penal investiga un tema de “seguridad”. Alternativamente, los funcionarios penitenciarios no deben “acosar” al recluso y realizar el registro sin justificación alguna. En el caso Beard v. Banks, 548 U.S. 521, 126 S.Ct. 2572, 165 L.ed.2nd 697 (2006) la política DOCS de Pensilvania de restricciones de privilegios a los presos más incorregibles dentro de las unidades especiales de segregación de su sistema penitenciario cumplió con los criterios de evaluación en Turner v. Safley. Además, estaba en juego el debido proceso en cuanto a si a Bancos se le brindaba una vía adecuada para ser escuchada. En ambos casos prevaleció el PA DOCS ya que el tribunal reconoció intereses legítimos gubernamentales en la política y el hecho de que Banks estuvo representado por abogados durante todo el proceso salvaguardó el esquema del debido proceso (Branham & Hamden, 1997).

    Los tribunales han considerado que el interés del gobierno de mantener prisiones seguras y protegidas prevé la latitud dentro de la provincia estatal como primordial para las libertades limitadas de los internos. Particularmente cierto en la capacidad de DOCS para realizar registros de instituciones y reclusos, aplicar disciplina de manera no arbitraria, prever un acceso limitado a la asistencia jurídica en casos no penales y confrontar a testigos, salvo en el caso de testigos confidenciales, el oficial de audiencia podrá realizar una audiencia a puerta cerrada para determinar la veracidad del testigo preso. Branham & Hamden (1997) establecen que en lo que respecta al debido proceso procesal “la disciplina de los internos por su mala conducta mientras se encuentran en prisión es fundamental para el mantenimiento de la seguridad y el orden dentro de la institución” (p. 570). Tal fue el caso en Wolff v. McDonnell 418 U.S. 539, (1984), 94 S.Ct. 2963, 41 L.Ed. 2nd 935 por el cual la Corte sostuvo que los presos conservaban derechos bajo la Cláusula de Debido Proceso pero de ninguna manera implica que estos derechos no están sujetos a restricciones por parte del Estado (Branham & Hamden, 1997). Rechazaron además la afirmación de los tribunales inferiores de que “cualquiera que sea la verdad de la Cláusula de Debido Proceso en general o de otros derechos amparados por esa cláusula contra la infracción estatal, el interés de los presos en los procedimientos disciplinarios no está incluido en esa “libertad” amparada por la Enmienda XIV” ( Branham & Hamden, 1997, p. 572). El estado brindó un reino estatutario para el buen tiempo acumulado por los internos, también proporcionaron procedimientos disciplinarios para perder el buen tiempo y por lo tanto deben seguir su política. Concluyeron que los procedimientos establecidos en la ley para el debido proceso procesal como adecuados proporcionando el debido proceso procesal mínimo para la circunstancia y deben seguirse (Branham & Hamden, 1997). La Octava Enmienda sirve de vanguardia contra castigos crueles e inusuales y existen recursos estatales adecuados de agravio y de derecho consuelo a disposición del demandado para reparar la supuesta destrucción de sus bienes personales.

    Índice de huelga de reclusos

    La Oficina del Consejero Delegado del Departamento de Correcciones —en un esfuerzo por ayudar a los abogados, los tribunales y el público en general rastrean las condiciones penitenciarias litigios civiles que constituyen “huelgas” en virtud de las Leyes de Reforma de Litigios Penitenciarios Federales y Estatales — ha desarrollado este sitio web que contiene Lo siguiente se proporciona en www.cor.state.pa.us para una revisión adicional de las políticas correccionales relacionadas con el acceso de los reclusos a los tribunales.

    Disposición Federal de Tres Huelgas PLRA

    El Congreso de los Estados Unidos, mediante la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995,
    (PLRA Federal) Pub. L. No. 104-134, 110 Stat 1321, promulgada por el presidente Clinton el 26 de abril de 1996, modificó el 28 U.S.C. §1915 que regula in forma pauperis la condición de preso para litigios de carácter federal. 28 U.S.C. §1915 (b) (4) establece que [i] n ningún caso se le prohibirá a un preso entablar una acción civil o apelar una sentencia civil o penal por la razón de que el recluso no tiene bienes ni medios para pagar la cuota inicial de presentación parcial. Para ello, 28 U.S.C. §1915 prevé un proceso para que los presos indigentes paguen cuotas cuotas las tasas de presentación. Sin embargo, 28 U.S.C. §1915 (g) establece:

    [I] n ningún caso el preso interpondrá una acción civil o apelará una sentencia en una acción o procedimiento civil conforme a esta sección si el preso, en 3 o más ocasiones anteriores, mientras estaba encarcelado o detenido en cualquier instalación, interpuso una acción o apelación ante un tribunal de los Estados Unidos que fue desestimado en el fundamenta que es frívola, maliciosa, o no manifiesta una demanda sobre la que se pueda otorgar la desagravio, a menos que el recluso se encuentre en peligro inminente de sufrir lesiones físicas graves.

    Por último, en ausencia de una manifestación de peligro inminente de lesiones corporales graves, un litigante interno pierde el privilegio de la condición in forma pauperis, debiendo pagar la cuota de presentación completa o enfrentar la desestimación de la acción o apelación.

    (www.portal.state.pa.us/portal... _consejo/12356)

    Disposición estatal de tres huelgas PLRA

    De la Asamblea General del Estado Libre Asociado de Pensilvania y promulgada por la Ley del Gobernador Ridge 1998-84 (1998, 18 de junio, P.L. 640, No. 84), agregó 42 Pa.C.S.A. §6601 y ss. (PLRA Estatal), respecto al estatus in forma pauperis para litigio preso que plantea reclamos estatales. El PLRA estatal complementa otros motivos para la denegación de la condición in forma pauperis tal como se establece en las Reglas de Procedimiento Civil de Pensilvania. 42 Pa.C.S.A. § 6602 (d) (1) requiere que:

    [a] no se le prohibirá presentar litigios sobre condiciones penitenciarias porque éste no tiene bienes ni otros medios para pagar la tasa de presentación. Este párrafo no impedirá que el órgano jurisdiccional desestime o desestime de otro modo el litigio de condiciones penitenciarias conforme a este capítulo o a cualquier otra disposición de la ley.

    Al respecto, 42 Pa.C.S.A. §6602, incisos e) y f) establecen, en la parte pertinente, que:

    e) Desestimación de litigio.- No obstante cualquier tasa de presentación que se haya pagado, el tribunal desestimará el litigio por condiciones penitenciarias en cualquier momento, incluso previo a la notificación del demandado, si el tribunal determina alguno de los siguientes:.

    2) El litigio por condiciones carcelarias es frívolo o doloso o no manifiesta una demanda sobre la que pueda otorgarse reparación o el demandado tenga derecho a hacer valer una defensa afirmativa válida, incluida la inmunidad, que, de ser afirmada, excluiría el desahogo.

    * *

    f) Litigio abusivo. - Si el recluso ha presentado previamente litigio de condiciones penitenciarias y:

    1) Tres o más de estas acciones civiles previas hayan sido desestimadas de conformidad con el inciso e) 2); o

    2) el preso haya presentado previamente litigio de condiciones de prisión contra una persona nombrada como demandada en la presente acción o una persona que preste servicios en la misma capacidad oficial que un acusado nombrado y un tribunal dictaminó que la acción previa se presentó de mala fe o que el preso presentó a sabiendas pruebas o testimonios falsos en audiencia o juicio; el tribunal podrá desestimar la acción. El tribunal no desestimará, sin embargo, una solicitud de medida cautelar preliminar o una orden de restricción temporal que haga una alegación creíble de que el recluso se encuentra en peligro inminente de lesiones corporales graves.

    (www.portal.state.pa.us/portal... _consejo/12356)


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