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1.8: Estados que cambian el enfoque del encarcelamiento a la rehabilitación

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    A medida que las poblaciones carcelarias continuaron ascendiendo a través de las décadas, cada vez más estados buscan formas de aliviar a la población. El rumbo actual que están tomando muchos estados es liberar a los delincuentes “no violentos” y brindar servicios de rehabilitación. En esta sección revisamos la práctica y política de rehabilitación del delincuente. Los programas de rehabilitación no son nada nuevo, esta idea, una vez llamada modelo médico, se remonta a la década de 1940 y busca tratar la conducta delictiva a través del tratamiento en lugar del castigo y el encarcelamiento. Perdió el favor en la década de 1970 cuando los profesionales correccionales determinaron que la rehabilitación no funcionaba. Sin embargo, investigaciones significativas sobre el comportamiento delictivo y nuevas herramientas de evaluación han llevado a una renovación del interés por este método de enfrentar la delincuencia.

     

    Programas de Rehabilitación

    Los programas de rehabilitación no son nada nuevo para el sistema de justicia penal. Durante muchas décadas hemos estado brindando programas de tratamiento por abuso de sustancias, programas de desvío de drogas, violencia doméstica y programas de tratamiento de DUI para lidiar con comportamientos ilegales con éxito variable. No obstante, como los estados han tratado de abordar el hacinamiento en cárceles y cárceles, han tratado de aplicar más programas de tratamiento a lo que llaman delincuentes “no violentos”. A menudo esta clasificación “no violenta” aborda a delincuentes de drogas y delincuentes condenados por delitos contra la propiedad.

     

    Como se indicó anteriormente, El Estado de California aprobó legislación -AB 109 Realineación- que transfirió el encarcelamiento y supervisión de estos delincuentes fuera del control estatal (prisión/libertad condicional) al control local (carcel/libertad condicional). La teoría detrás de esta transición fue que el gobierno local podría brindar mejores opciones de tratamiento a este delincuente no violento y mantener la seguridad pública. El Estado otorga financiamiento a los gobiernos locales en función de sus opciones de tratamiento y éxito en la reducción de la reincidencia. No obstante, el Estado también requería que los programas cumplieran metas específicas y los organismos debían adoptar prácticas “basadas en la evidencia” para cumplir y recibir financiamiento.

     

    Prácticas de base de evidencia

    De acuerdo con el Instituto Nacional de Correcciones, la definición de prácticas basadas en la evidencia es la siguiente:

     

    La práctica basada en la evidencia (EBP) es el uso objetivo, equilibrado y responsable de la investigación actual y los mejores datos disponibles para guiar las decisiones de políticas y prácticas, de manera que se mejoren los resultados para los consumidores. Utilizado originalmente en los campos de la salud y las ciencias sociales, la práctica basada en la evidencia se centra en enfoques demostrados como efectivos a través de la investigación empírica y no a través de la anécdota o la experiencia profesional sola.

     

    Un enfoque basado en evidencia implica una revisión crítica y continua de la literatura de investigación para determinar qué información es creíble y qué políticas y prácticas serían más efectivas dada la mejor evidencia disponible. También implica un riguroso aseguramiento y evaluación de la calidad para garantizar que las prácticas basadas en evidencia se repliquen con fidelidad, y que se evalúen nuevas prácticas para determinar su efectividad.

     

    En contraste con los términos “mejores prácticas” y “qué funciona”, la práctica basada en la evidencia implica que 1) hay un resultado (s) definible (s); 2) es medible; y 3) se define de acuerdo con realidades prácticas (reincidencia, satisfacción de las víctimas, etc.). Por lo tanto, si bien estos tres términos a menudo se usan indistintamente, la EBP es más apropiada para las disciplinas de servicio humano centradas en los resultados.

     

    Este cambio teórico cambió drásticamente la forma en que los centros penitenciarios y los funcionarios correccionales comunitarios manejaban el tratamiento de los delincuentes. Ahora se requería que estas agencias no solo declararan que estaban impactando a través de la fecha estadística, sino que también necesitaban proporcionar programas que también pudieran mostrar una influencia positiva en el comportamiento del delincuente. Se necesitaban nuevas formas de evaluar el riesgo de reincidencia de los delincuentes y determinar las necesidades criminogénicas. Estas herramientas permiten a los oficiales no sólo utilizar su “juicio profesional”, sino una herramienta validada que podría brindar apoyo científico a la probabilidad y el delincuente reincidiría. Estas herramientas también permitieron a los oficiales identificar a aquellos infractores que estaban en mayor riesgo de reincidir. Los oficiales podrían entonces centrar la atención (supervisión/seguridad pública) y apoyo hacia esos delincuentes, permitiendo al mismo tiempo que los infractores de riesgo moderado y bajo sean colocados en un tratamiento más apropiado.

     

    Herramientas de Evaluación de Riesgos y Necesidades Criminogénicas

    La capacidad de predecir la probabilidad de reincidir y determinar las necesidades criminogénicas del delincuente es importante para proporcionar a los oficiales y delincuentes el plan de tratamiento adecuado. Al identificar a los infractores que necesitan la supervisión más intensiva, las agencias pueden asignar los recursos a esas personas de alto riesgo. Esto significa que el oficial puede proporcionar un mayor nivel de supervisión a la clasificación correcta del delincuente. También permite medios que los oficiales con estos infractores de alto riesgo tengan menor número de casos. Las investigaciones indican que los oficiales que supervisan a los delincuentes de alto riesgo deben estar en el rango de 30-50 delincuentes. El siguiente paso en el proceso consiste en realizar entrevistas detalladas exhaustivas con el delincuente para identificar las necesidades criminogénicas específicas del delincuente y elaborar un plan de caso. Este plan de caso se comparte con el delincuente, por lo que pasa a formar parte de su rehabilitación. Los infractores no siempre están dispuestos a participar con el tratamiento y esto puede ocasionar demoras en el tratamiento y puede requerir ser devuelto a la custodia.

     

    Otro aspecto importante de este enfoque es que al identificar el riesgo de reincidencia de cada delincuente evitamos mezclar la población de delincuentes. Por ejemplo, los delincuentes de alto riesgo son generalmente más sofisticados penalmente que los infractores bajos o moderados. Si integramos a todos los infractores en programas de tratamiento similares corremos el riesgo de afectar o influir en el delincuente bajo/moderado con delincuentes de mayor riesgo aumentando así su riesgo de reincidir. Los delincuentes de mayor riesgo podrían influir negativamente en los infractores de riesgo bajo/moderado cuando interactúan. Una cantidad significativa de investigación indica que el riesgo bajo/moderado a menudo completará la supervisión comunitaria con un contacto limitado con los oficiales de supervisión.


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